Ciudad de México, 25 07 2024; El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado que el presidente Andrés Manuel López Obrador infringió los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad durante cuatro conferencias matutinas en febrero.
Esta resolución, unánimemente votada por el pleno de la sala superior, marca la segunda confirmación de la instancia electoral sobre estas violaciones constitucionales por parte del Ejecutivo Federal, mediante expresiones de índole electoral en periodos prohibidos.
Durante las conferencias del 6 al 9 de febrero, el presidente López Obrador hizo un llamado explícito a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, para que reflexionaran sobre su voto. Recordó hechos de procesos electorales anteriores, donde alegó que el PRI y el PAN cometieron fraude electoral.
En la conferencia del 7 de febrero, López Obrador criticó a los legisladores actuales, afirmando que servían a la oligarquía y exhortó a la ciudadanía a votar no solo por candidatos o partidos, sino por un proyecto de nación.
El proyecto de sentencia aprobado subrayó la relevancia de estas declaraciones, especialmente en la etapa de intercampaña, destacando la necesidad de que el Ejecutivo actuara "con mesura, conciencia y prudencia discursiva" para evitar influir en las preferencias electorales.
La resolución también señaló al secretario del trabajo, Marath Baruch Bolaños, por violar las reglas de propaganda gubernamental al abogar por reformas constitucionales, beneficiando así a Morena y las fuerzas políticas afines al movimiento de transformación.
Además, la sentencia confirmó el uso indebido de recursos públicos, citando la grabación de videos presidenciales difundidos por medios de comunicación a través de señal satelital y plataformas oficiales del gobierno en redes sociales.
Esta decisión del tribunal pone de manifiesto un fenómeno singular en la política mexicana contemporánea: el activismo electoral del presidente en funciones.
La participación activa de AMLO en la campaña política, más pronunciada que la de sus predecesores, plantea interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo en el contexto electoral.
Si bien es comprensible que un presidente desee influir en el futuro político del país, es esencial mantener una separación clara entre las funciones del Estado y las actividades partidistas para salvaguardar la democracia y la confianza pública en el proceso electoral.
La línea entre el liderazgo legítimo y el proselitismo partidista debe ser clara y respetada.
Esta situación sirve como un recordatorio de la necesidad de reforzar las salvaguardias institucionales que aseguran la equidad electoral y la neutralidad gubernamental.
La crítica constructiva radica en la importancia de que las figuras públicas, especialmente aquellas en posiciones de poder, sean modelos de conducta respetuosa de la ley electoral.
En conclusión, el legado de AMLO como un presidente activamente involucrado en la política electoral puede ser visto desde diversas perspectivas.
Sin embargo, es crucial que su participación se alinee con los principios democráticos que rigen la competencia electoral justa y equitativa.
Al avanzar hacia futuras elecciones, México debe aprender de estas experiencias para fortalecer su democracia y asegurar que todas las voces sean escuchadas y respetadas en igualdad de condiciones.
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