En un escenario político donde la retórica parece superar a la acción, es irónico observar cómo un gobierno que se jacta de representar a todos los mexicanos parece más inclinado a defender un color partidista que a abordar las causas profundas de la inseguridad y la justicia. Este fenómeno no es nuevo.
Recordemos la reforma judicial impulsada por Ernesto Zedillo Ponce de León durante su presidencia (1994-2000), que buscó optimizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la reducción del número de ministros de 26 a 11. Aquel cambio, presentado como un avance hacia una mayor especialización y profesionalismo, fue visto por muchos como un intento de consolidar el poder y facilitar reformas controvertidas, como la privatización de los trenes de pasajeros.
Sin embargo, en 1994, las tensiones políticas y la crisis económica opacaron la relevancia de esta reestructuración.
La detención del “Mayo” Zambada ha resucitado un debate similar. Mientras el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aclamó esta captura como una “victoria”, la presidenta Claudia Sheinbaum, en un arrebato de defensa nacional, recordó que el respeto y las condiciones de igualdad deben prevalecer.
La ironía aquí es innegable: ¿realmente se está defendiendo la soberanía o simplemente se están poniendo parches a un sistema que parece cada vez más comprometido con mantener el estatus?
El comentario de Sheinbaum, “el fin no justifica a los medios”, resonó como un eco de tiempos pasados. ¿Acaso esta afirmación no es una referencia a cómo el poder se ha ejercido en México a lo largo de las décadas, donde se han olvidado las causas y se han priorizado las siglas?
La insistencia en proteger los derechos humanos y el Estado de derecho es admirable, pero surge la pregunta: ¿quiénes son realmente los enemigos imaginarios que se han creado para desviar la atención de los problemas más apremiantes?
La dinámica política actual parece estar marcada por un gobierno que, en lugar de buscar soluciones integrales, se afana en descalificar a quienes critican sus acciones, cayendo en una retórica que perpetúa divisiones en lugar de fomentar un diálogo constructivo.
En este país que enfrenta retos profundos, la defensa de intereses partidistas no debería ser la prioridad.
La ironía de un gobierno lleno de vasallos que busca justificar sus acciones en nombre de la justicia es palpable; después de todo, cuando el compromiso es con un color y no con la ciudadanía,
Así, mientras los mexicanos continúan exigiendo justicia y seguridad, el verdadero reto para este gobierno es dejar atrás la sombra de sus antecesores y enfrentar la realidad con un enfoque que priorice el bienestar de todos.
¿Qué esperanza queda para un verdadero cambio?
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