Desde el 16 de mayo de 2023 hasta el 25 de junio de 2024, más de un centenar de jueces de Distrito y magistrados de Circuito fueron acusados de corrupción por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en sus conferencias matutinas, conocidas como mañaneras.
Estas acusaciones se centraron principalmente en jueces que liberaron u otorgaron beneficios a detenidos, según los informes de la sección "Cero Impunidad".
Luis Eliud Tapia, constitucionalista y consultor de la Due Process of Law Foundation, afirmó que esta estrategia constituye un mecanismo de presión.
La falta de quejas formales en la mayoría de los casos sugiere que la exposición pública de estos jueces es un ataque político “muy peligroso”.
Esta práctica de señalar a jueces sin sustento formal refuerza la percepción de una manipulación política por parte del gobierno.
Desde el inicio de su mandato, AMLO ha criticado consistentemente al Poder Judicial.
Sin embargo, la intensificación de estas acusaciones desde mayo de 2023, mediante la sección "Cero Impunidad", ha incluido la proyección de nombres y fotografías de 105 jueces, vinculándolos con presuntos actos de corrupción.
A pesar de estas denuncias públicas, solo se ha promovido un juicio político contra un juez federal, lo que ocurrió recientemente.
Actualmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene dos vacantes, y se prevé que con esa integración incompleta resuelva las impugnaciones sobre la integración de la próxima Cámara de Diputados.
El juez Rodrigo de la Peza también emitió varias resoluciones que frenaron, en 2021, algunas instrumentaciones de leyes.
Este patrón de acusaciones sin sustancia formal sugiere que el discurso de AMLO sobre la corrupción en el Poder Judicial puede ser más retórico que real, utilizando la exposición mediática como una herramienta de presión política en lugar de seguir los cauces legales adecuados.
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