Por Rosario Vélez Tijuana 10 08 2024: Tijuana se encuentra en un momento crítico, donde la confrontación entre el poder y la justicia parece haber alcanzado un nuevo nivel de tensión.
Regidores del Cabildo de la ciudad han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado en contra de la Alcaldesa Montserrat Caballero, acusandola de abuso de autoridad, violencia verbal política, y desvío de recursos públicos para dañar la imagen de los ediles que se han negado a encubrir un gasto no autorizado de 462 millones de pesos.
Esta situación, más que un simple conflicto político, refleja una problemática profunda sobre la ética y el poder en Baja California.
Los regidores, entre ellos Alejandro Cabrera (MORENA), Marisol Hernández (Verde), y Edgar Montiel (MC), han señalado que la molestia de la Alcaldesa surge de su rechazo a decisiones que consideran perjudiciales para el patrimonio de los tijuanenses.
La falta de transparencia en la gestión de recursos, combinada con el desprecio hacia la ley y la moral pública, plantea una inquietante pregunta:
¿hasta dónde llegará la ambición de poder sin rendición de cuentas?
"Quedamos a la espera de una investigación formal y exhaustiva", mencionaron los regidores, "
para determinar si su conducta implica delitos que deben ser sancionados conforme al Código Penal.
"Lo hacemos para sentar un precedente: en Baja California, nadie está ni estará por encima de la ley". Argumentaron los regidores.
Esta declaración no solo denuncia un posible abuso de autoridad, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la responsabilidad que tienen los líderes hacia la sociedad.
¿Qué tipo de liderazgo queremos para nuestras comunidades?
¿Uno que construya sobre la base del respeto y la justicia, o uno que utilice su poder para silenciar a quienes se oponen?
La respuesta de la Alcaldesa ha sido preocupante: ha recurrido a insultos públicos, campañas de desprestigio en redes sociales, y hasta en medios de comunicación, en un intento por desviar la atención de su propia gestión cuestionada.
Estas acciones no solo deterioran la confianza en las instituciones, sino que también dividen a una comunidad que, en tiempos de crisis, necesita más que nunca de unidad y transparencia.
En este escenario, la denuncia de los regidores no es solo un acto de resistencia política, sino una llamada urgente a la reflexión sobre el tipo de liderazgo que merece Tijuana.
Un liderazgo que respete la ley, que priorice el bienestar de la ciudadanía, y que actúe con la integridad que exige el cargo.
La historia nos ha mostrado repetidamente que el poder sin responsabilidad es una receta para el desastre, y Tijuana, al igual que el resto del país, no puede permitirse ignorar esta lección.
Comments